Hasta el momento, se han cumplido siete órdenes que derivaron en las detenciones de varias personas.
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Los detenidos en el llamado ‘Operativo Enjambre’ en el Estado de México fueron trasladados a penales estatales, donde enfrentarán cargos por delitos como homicidio, secuestro y extorsión.
Hasta el momento, se han cumplido siete órdenes que derivaron en las detenciones de varias personas, incluyendo a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, acusada de homicidio.
Entre los detenidos también se encuentran Omar Leyva Montalvo, subdirector de Seguridad de Naucalpan, por extorsión, y Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, presidente honorífico del DIF en Tonatico, señalado por secuestro.
Además, el director de seguridad de Texcaltitlán optó por quitarse la vida al momento de ser rodeado por las fuerzas policiales.
Mediante un comunicado, autoridades mexiquenses aseguraron que el operativo continúa para capturar a los implicados restantes.
¿Qué es el ‘Operativo Enjambre’?
El Estado de México está viviendo una transformación histórica en materia de seguridad gracias al Operativo Enjambre, liderado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y respaldado por el Gobierno federal.
Este operativo tiene como objetivo desmantelar redes de protección criminal incrustadas en las estructuras municipales de seguridad pública.
Más de mil 500 elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron de manera simultánea órdenes de aprehensión en municipios como Naucalpan, Coacalco, Amanalco, Tejupilco y Texcaltitlán.
El Operativo Enjambre es un ejemplo de la coordinación y colaboración entre las autoridades estatales y federales para abordar los problemas de seguridad en la región. La gobernadora Delfina Gómez ha demostrado su compromiso con la seguridad y la justicia en el Estado de México.
La implementación de este operativo es un paso importante hacia la construcción de un Estado de México más seguro y justo para todos sus habitantes. La coordinación entre las autoridades estatales y federales es fundamental para abordar los problemas de seguridad y garantizar la justicia en la región.
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