El decretazo

Mientras hacía el ejercicio rutinario semanal para definir el tema que abordaría en mi colaboración de esta semana en este diario, el gobierno federal tuvo el gesto de publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual, entre otras cuestiones, “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

La primera reflexión sobre este instrumento es que representa un signo inequívoco de que los megaproyectos de obra pública emprendidos por la administración del presidente López Obrador están haciendo crisis en cuanto al cumplimiento de los plazos que les impuso el titular del Ejecutivo para su respectiva ceremonia de inauguración, y bueno, la ocurrencia dentro del gabinete del presidente fue aplicar el clásico “al mal paso, darle prisa”.

Si todos esos proyectos tuvieran un avance conforme al plan original no se habría presentado la urgente necesidad de adoptar medidas desesperadas como esta, que entre otras monadas, nuevamente genera un marco reglamentario que otorga ventajas al sector público frente a cualquier proyecto auspiciado y financiado por inversionistas privados. Esa es la constante de este gobierno, cambiar las reglas para descarrilar, arrinconar y generar incertidumbre a la inversión privada, al tiempo que se saca de la manga instrumentos como el decreto que nos ocupa con los que se auto otorga ventajas para subsanar la deficiente planeación y ejecución de sus propios proyectos.

Muy al estilo de Donald Trump que repudiaba el andamiaje legal y reglamentario que habían construido gobiernos emanados tanto del partido republicano como del partido demócrata, así como congresos con distintas influencias de ambos partidos, el presidente López Obrador decidió que ya no tiene paciencia para estar escuchando las excusas de servidores públicos que no tuvieron el empuje, la creatividad, la dedicación y la determinación para organizar las tareas que tenían encomendadas de la manera más eficiente posible y cumpliendo todas las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias para poder lograr en tiempo y forma las metas de los proyectos que les fueron encomendados.

Desde luego, desde ya diversos abogados connotados advirtieron sobre la inconstitucionalidad del decreto en cuestión. Así que muy pronto seremos testigos de un nuevo episodio de presión sobre el Poder Judicial para evitar que desactive este nuevo Frankestein normativo, que además tiene el gracioso efecto de permitir a los ejecutores de los proyectos esconderse y esconder sus fallas, y muy probablemente actos de corrupción, bajo el manto de la seguridad nacional, un gran pretexto para potenciar la opacidad en la obra pública.

Este tipo de lances son los que provocan que organismos como el Fondo Monetario Internacional adviertan sobre los riesgos en términos de competitividad para la economía mexicana, y desde luego, para el potencial de crecimiento del PIB de nuestro país. ¿Hasta cuando se darán cuenta que por estos golpes de timón, por estos actos por los que sin el menor esfuerzo de discusión pública organizada se destruye el andamiaje legal que da certeza a todos, tanto autoridades como inversionistas privados, o por los que se crean otros andamiajes locuaces ajenos a las mejores prácticas internacionales, se mina la confianza de los inversionistas, se afecta la capacidad de crecimiento de largo plazo de nuestra economía y se afecta el bienestar de las familias mexicanas?

Por cierto, pensaba comentar algunas cuestiones contenidas en un escrito que ayer difundió el vocero de la Comisión Federal de Electricidad en torno a mi colaboración de la semana pasada, pero como vienen de un funcionario que a tres años de estar en el cargo no sabe lo que es una planta de ciclo combinado, concepto central en el ámbito en el que se desempeña, y tampoco sabe que la generación de electricidad se expresa en kilowatts y no en “kilovoltios”, no vale la pena dedicarle mayor espacio, salvo agradecerle que le haya dado publicidad a mi artículo.

*El autor es economista.

Twitter: @GerardoFloresR