Denuncia contra juez, muestra del “asedio” al PJF: Barra de Abogados

César Arellano García

Periódico La Jornada
Viernes 15 de marzo de 2024, p. 28

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) manifestó su preocupación por las expresiones realizadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, a quien atribuye haber colaborado en la fuga de Fabián Oswaldo, considerado por las autoridades como uno de los cinco principales generadores de violencia en la Ciudad de México.

La BMA señaló que la denuncia ante la Fiscalía General de la República interpuesta por el gobierno capitalino en contra del impartidor de justicia muestra el reiterado asedio en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus integrantes, quienes, dijo, gozan de plena independencia para dictar sus resoluciones.

Fabián Oswaldo es cabecilla de la banda delincuencial La Ronda 88, vinculada a delitos de narcomenudeo y homicidio, por lo que se trabaja en su localización y reaprehensión.

La BMA destacó que la responsabilidad de la custodia de los procesados no recae en los miembros del PJF, sino en las autoridades competentes. Atribuir al juez la responsabilidad de permitir una fuga después de otorgar la libertad es incorrecto y muestra un desconocimiento de las funciones judiciales.

Reiteró que estos ataques contra el PJF significan una clara amenaza a la independencia judicial, debilitando la indispensable separación de poderes y poniendo en riesgo la seguridad de los jueces. Es obligación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México preservar el respeto a la autonomía del Poder Judicial Federal y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio imparcial de la justicia en nuestro país.

Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat es el polémico juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, quien en febrero del año pasado absolvió a la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que pasó tres años presa.

En ese entonces, el juez dio cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el noveno tribunal colegiado en materia penal.